El viernes 13 de diciembre, en la previa al partido contra Tigre, estaba previsto que se lleve a cabo la Asamblea de Socios para tratar el Balance 2023/24. Sin embargo, la reunión jamás llegó a empezar: un grupo de hinchas ingresó al polideportivo Lorena Allioni, hubo incidentes y se terminó suspendiendo.
“La oposición de San Lorenzo es muy violenta, ya lo sabíamos. El mismo día que gané las elecciones había gente esperándome para insultarme. Indudablemente no pueden entender que hayamos ganado”, dijo Marcelo Moretti sobre estos hechos, alertando sobre una movida de desestabilización por parte de otros sectores políticos.
Pues bien, en las últimas horas se conoció a través de @ElPlateísta que todo lo que pasó aquel día trajo sus consecuencias, ya que Moretti realizó una denuncia penal contra varios socios: Laura Kwist, Alejandro Cainelli, Juan Manuel Vignali, Alejandro Fernández, Gustavo García Lago (hermano de Pablo, el ex secretario del club), Gustavo Di Lorenzo y Mariano Serantes.
Por un lado, imputándolos de “amenazas coactivas” e “intimidación pública e incitación a la violencia colectiva” una vez que ingresaron al recinto. Por otro, acusándolos de ser los responsables de lo que aconteció después en el Nuevo Gasómetro (vs. Tigre), a donde acudieron con “la misma actitud hostil” y responsabilizándolos de “destrozar las instalaciones del club” (rompieron los vidrios del hall de ingreso a la Platea Norte) y de los enfrentamientos con la policía. A lo que agrega una “amenaza de muerte” a José Vázquez, persona ligada al oficialismo.
A raíz de ello, Moretti propuso una medida de “protección perimetral” a todos los denunciados que les impida “acercarse a menos de mil metros de todas las instalaciones del CASLA” y pidió citar a “prestar declaración” a dos personas (las doctoras Laura Avila y Paula Di Diego) que oficiaron como veedores de la IGJ en la Asamblea suspendida.
