La crisis institucional de San Lorenzo sumó un capítulo aún más grave. En las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires citó formalmente a Marcelo Moretti, junto a otros ocho integrantes de la Comisión Directiva, por incumplimiento de deberes estatutarios, desobediencia judicial y maniobras administrativas que, según la fiscalía, habrían puesto en riesgo el patrimonio del club.
Los citados deberán presentarse el martes 16 de diciembre a las 13:00, bajo apercibimiento de ser trasladados por la fuerza pública en caso de ausencia injustificada.
¿Quiénes fueron citados?
- Marcelo Moretti (Presidente)
- Julio Lopardo (Vicepresidente 1°)
- Andrés Terzano (Vicepresidente 2°)
- Martín Cigna (Secretario)
- Uriel Barros (Prosecretario)
- Leandro Goroyesky (Tesorero)
- Karina Farías (Protesorera)
- Alejandro Tamer (Secretario de Actas)
- Mateo Zagardoy (Intendente)
Todos deberán responder por su presunta responsabilidad en el incumplimiento del fallo dictado por la Cámara Civil – Sala B el 3 de octubre de 2025, que ordenó realizar una reunión de Comisión Directiva dentro de los 15 días posteriores a la notificación, recibida el 9 de octubre. Esa reunión jamás fue convocada.
Qué dice la fiscalía: incumplimientos, opacidad y perjuicio al club
Según el documento judicial, los dirigentes habrían: desobedecido reiteradas intimaciones de la Comisión Fiscalizadora; no convocado a la reunión obligatoria para normalizar la vida institucional; incumplido obligaciones contractuales con jugadores, por falta de pago; no renovado contratos en inferiores, afectando el patrimonio deportivo; mantenido la administración en opacidad contable, habilitando posibles desvíos de fondos; y no presentado los balances 2023 y 2024, pese a la exigencia legal y estatutaria.
El dictamen sostiene que estas conductas generaron un “riesgo para el patrimonio social” y podrían encuadrar en los delitos previstos en los artículos 239 (desobediencia) y 173 inciso 7 (administración fraudulenta) del Código Penal.
Un club al límite: Moretti, otra vez acorralado
La citación llega en un contexto en el que la Comisión Fiscalizadora intimó a Moretti hace apenas horas a convocar una reunión de CD en 72 horas. También le ordenó abstenerse de firmar nuevos compromisos económicos, contractuales o administrativos. Y además, la protesorera Carina Farías pidió licencia, dejando aún más debilitada la estructura administrativa.
La Justicia considera que la falta de convocatoria afecta “la seguridad jurídica, la transparencia contable y el normal funcionamiento institucional”. La crisis ya no es solo política: es judicial y penal.
