La crisis institucional de San Lorenzo ya no solo se discute puertas adentro. Ahora también se juega en los tribunales. Este viernes, la Asociación del Fútbol Argentino presentó una medida judicial urgente contra el club, y el Juzgado Civil N°47 dictó una resolución precautelar que frena el tratamiento del dictamen del Tribunal de Ética azulgrana.
La causa, iniciada por la propia AFA, apunta a evitar que San Lorenzo avance con la eventual destitución, inhabilitación y expulsión como socio de Marcelo Moretti, presidente licenciado del club. Según el escrito presentado en el fuero civil, el dictamen fechado el 14 de julio podría generar efectos “irreversibles”, y por eso se solicitó frenar todo hasta escuchar a las partes.
El juez no resolvió el fondo del conflicto, pero sí tomó una medida provisoria: suspendió cualquier tratamiento institucional sobre el dictamen durante los próximos 15 días hábiles. Además, le otorgó 5 días al club para que responda antes de definir si mantiene o levanta el freno.
En términos legales, no hay sentencia ni fallo definitivo. Pero en términos políticos, el mensaje es contundente: la AFA logró condicionar, vía judicial, el funcionamiento institucional de San Lorenzo, que ni siquiera pudo tratar un dictamen interno sin el aval de la Casa Madre.
El impacto es doble. Por un lado, se profundiza la parálisis dirigencial: la Asamblea que iba a tratar este tema ya había sido suspendida, y ahora la Justicia directamente le impide volver a convocarla. Por otro, se confirma que el conflicto superó cualquier vía interna: la disputa por el futuro de Moretti está en manos de un juez.
Mientras tanto, Julio Lopardo sigue al frente de un gobierno vaciado, debilitado por renuncias y fracturas internas, y con la amenaza latente de su propia salida. El club sigue sin conducción clara, con una oposición que pide elecciones anticipadas, y ahora también con la presión directa de la AFA sobre su vida institucional.
Todo esto ocurre mientras San Lorenzo debe resolver inhibiciones, planificar su futuro deportivo y responder ante una Justicia que ya tomó nota del desgobierno. La causa sigue en curso, pero el veredicto social entre los hinchas ya parece estar dictado: el club está completamente fuera de control.